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18 de marzo de 2020 — Después de la declaración del Coronavirus (COVID-19) como pandemia, el pasado 11 de marzo, países alrededor del mundo han tomado medidas restrictivas con el objetivo de mitigar el contagio masivo de la población: desde el cierre de centros educativos; cancelación de eventos artísticos y deportivos; suspensión del ingreso de algunos extranjeros como en Argentina; decretos de cuarentena nacional (domiciliaria o en recintos ofrecidos por el Estado) y la preocupante suspensión de algunas garantías constitucionales como en El Salvador, Honduras y en Ecuador. La pandemia ha causado el cierre de fronteras en todo el mundo, como en Chile, Guatemala, El Salvador, Canadá, Colombia, la Unión Europea, España y muchos países africanos. Por otro lado, México ha sido uno de los últimos países en tomar medidas. Estados Unidos indigna al no detener las deportaciones y las cortes migratorias a pesar de la alerta mundial. En Honduras, la respuesta del gobierno de Hernández frente a los primeros casos positivos, fue patrullar la zona con miembros de las fuerzas armadas, reflejando como la militarización es su respuesta instintiva ante todo, incluso para un virus.
Además de reflexionar sobre todas estas restricciones y medidas excepcionales, esta emergencia mundial nos invita a hacer una reflexión más amplia y profunda en torno a la cobertura que ofrecen los Estados en materia de seguridad alimentaria y salud. ¿Cómo pueden los Estados garantizar a toda la población condiciones mínimas y dignas de subsistencia para todas las personas que se encuentran en su territorio?
Una pandemia no sólo tiene implicaciones de salud pública, sino sociales y económicas. Las sociales las estamos viviendo en la medida en que el aislamiento físico es una de las medidas más efectivas para contener al virus. Sin embargo, el aislamiento es realmente un lujo para las personas que realizan un trabajo remunerado, sólo posible para quienes pueden trabajar desde su casa. El resto de los hombres y mujeres trabajadoras deben sacrificar su ingreso para aislarse. La mayoría no puede hacerlo y sigue trabajando, sin el equipo y las condiciones de seguridad e higiene laboral para hacerlo poniendo en riesgo su salud. Entre ellas están los profesionales de salud, los equipos que atienden emergencias, los cuidadores de ancianos y las personas que trabajan en labores de limpieza, entre otros. Un reflejo más de la desvalorización del trabajo de cuidado y de la injusticia económica. Las consecuencias económicas del COVID-19 las sentiremos en todo el mundo y no únicamente en materia del trabajo remunerado, sino en el incremento del trabajo no remunerado además, en el caso del trabajo de cuidado, que es mayoritariamente femenino. Se empieza a temer que estos ajustes resulten en un contexto de recesión económica, que también tendrá un impacto mayor en los mismos trabajadores y en las personas más pobres.
Graves consecuencias por la política anti-inmigrante en EE. UU.
En plena alerta mundial por COVID-19, destaca la irresponsabilidad de Estados Unidos por medidas que ponen en riesgo la salud de las personas. Recientemente, el secretario encargado de Seguridad Interior, Ken Cuccinelli, informó a legisladores demócratas que la atención médica por el COVID-19 no se vería afectada por la reciente regla relativa a las prestaciones que podrían considerarse como una carga pública, y que impactan negativamente en la posibilidad de cambiar de estatus migratorio. Sin embargo, se ha observado que esta regla repercute negativamente en que las personas acudan a los servicios de salud. El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades está investigando actualmente el impacto de la regla de la carga pública en la salud pública.
Adicionalmente, en la detención migratoria, donde no se proveen elementos básicos de higiene y salud como agua y jabón, la propagación del virus es inevitable, destacan varios informes. La detención prolongada junto con el hacinamiento aumentan las posibilidades de contagio. La exposición al COVID-19 entre personas detenidas y deportadas es el resultado de la negligencia y viola los derechos de las personas migrantes.
Por último, los acuerdos de asilo entre Guatemala (puesto en marcha), El Salvador y Honduras con EE. UU. preocupan por violar obligaciones internacionales. El acuerdo de El Salvador está por entrar en vigencia, pese a la pandemia. Por otro lado, el acuerdo con Guatemala llevó al sindicato de funcionarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración a pronunciarse. Los esfuerzos para restringir el asilo contradicen al informe del Departamento de Estado que destaca los altos niveles de violencia en Guatemala. El Salvador declaró cuarentena nacional, el cierre del aeropuerto para todos los vuelos, exceptuando misiones humanitarias; además, suspendió la recepción de vuelos de personas deportadas. Guatemala anunció la suspensión de las deportaciones y de la recepción de personas bajo el acuerdo de asilo para contener el contagio. Mientras tanto, se mantiene la preocupación por el contagio entre los solicitantes de asilo en EE. UU., ya sea que estén en territorio mexicano bajo los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés) o en territorio estadounidense.
No hay duda que la política anti-inmigrante de Trump, que pese a la pandemia no se detiene, dejará terribles consecuencias sociales en el contexto actual, y contribuirá al contagio entre solicitantes de asilo, personas en procedimientos de deportaciones, funcionarios que trabajan en el control migratorio y las comunidades donde se encuentran. Los gobiernos deben reenfocar sus prioridades en proteger la salud de todas las personas que se encuentran dentro de su territorio, y esto incluye a las personas en situación migratoria irregular y a quienes se encuentran bajo procedimientos de asilo o de deportación, así como a las demás poblaciones vulnerables. Las profundas inequidades económicas se profundizan en la situación que enfrenta el mundo.
