English
Español
6 de febrero de 2020 — La política migratoria del gobierno de López Obrador en México optó por la contención, detención y deportación de personas que buscan cruzar México para llegar a Estados Unidos. Las cifras hablan por sí mismas. Más de 2,000 personas fueron deportadas en enero y más de 60,000 mil personas se encuentran bajo el Protocolo de Protección a Migrantes (MPP) atrapadas en la frontera norte con necesidades de protección internacional, sin esperanza y en contextos de violencia.
La política errática de este gobierno ha interferido en el trabajo de las organizaciones de sociedad civil. El Instituto Nacional de Migración anunció la suspensión temporal de ingreso a centros de detención de personas migrantes, mejor conocidos como “estaciones migratorias”, a organizaciones de la sociedad civil. Más de 200 organizaciones nacionales e internacionales levantaron la voz para denunciar la obstaculización y criminalización de su labor de defensa de derechos de las personas migrantes privadas de libertad. El INM reautorizó las visitas e inició mesas de trabajo y espacios de diálogo con la sociedad civil para responder a algunas de sus inquietudes más apremiantes relativas a los derechos de las personas migrantes y refugiadas.
La situación económica en México es preocupante. El gobierno proyectó un crecimiento de 2% para el 2019, pero al finalizar el año registró una contracción del 0.1%, Este resultado se debe a la falta de confianza de la inversión extranjera, la desaceleración del consumo y al retraso de gasto público, factores que impactan directamente en el empleo y consumo. Este escenario es muy preocupante, para nacionales y extranjeros y tiene repercusiones importantes en los flujos migratorios.
Ataques a pueblos originarios y campaña xenófoba por coronavirus
La lucha por la protección ambiental y de los territorios en Latinoamérica ha sido fuertemente atacada en los últimos días. Además, hemos visto una nueva ola de xenofobia relacionada al avance del coronavirus.
Entre las noticias desencadenadas por el coronavirus se destaca la campaña xenófoba que han emprendido algunos gobiernos contra ciudadanos de China y que se ha manifestado también en racismo contra personas de rasgos étnicos asiáticos. Sin embargo, otros países en los que se han identificado casos como Estados Unidos; Guatemala y El Salvador han tomado medidas de restricción en la entrada de viajeros provenientes de China mientras que México se organiza para hacer frente a la emergencia.
En Centroamérica continúa la violencia contra los pueblos originarios. Nicaragua termina enero con la masacre indígena en el territorio mayangna de Sauni As, en la reserva de Biosfera Bosawás, zona de protección que se ha visto fuertemente disputada por la explotación de bosques. En Brasil, se está gestando un conflicto sobre la explotación minera en territorio indígena Mura, que fue afectado por los incendios en la Amazonía.
Mientras tanto, la expansión de monocultivos como la caña de azúcar en Centroamérica siguen siendo una de las causas del desplazamiento forzado y de problemas ambientales que derivan en problemas de salud, tal y como dio a conocer un estudio de comunidades de la costa sur en Guatemala, El Salvador y Nicaragua.
Por otro parte, México vuelve a ser testigo de la pérdida de defensores ambientales. En esta ocasión Homero Gómez y Raúl Hernández, activistas reconocidos en la protección de la mariposa monarca en el municipio de Ocampo, estado de Michoacán, aparecieron muertos. Mientras avanzan las investigaciones, continúan las incógnitas que rodean ambos casos.
