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El presidente de Guatemala Jimmy Morales recibió a Kevin McAleenan, secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el 1 de agosto de 2019. Fuente: cuenta de Twitter @GuatemalaGob
1 de agosto de 2019 — Hace una semana, las amenazas de la administración Trump de establecer aranceles a las remesas y de instaurar una prohibición de ingreso a los guatemaltecos a los Estados Unidos generaron zozobra en Guatemala. El gobierno de Jimmy Morales, que está a pocos días de terminar su periodo, y el sector privado culparon a la Corte de Constitucionalidad por estas amenazas. El viernes 26 de julio, la presión de EE. UU. resultó en la firma de un “acuerdo sobre asilo”, bajo el cual Guatemala recibirá a las personas que sean envíadas por EE. UU. y que podrán solicitar asilo Guatemala, en lugar de hacerlo en los EE. UU. El acuerdo gestó reacciones en Guatemala y en la región. A pocos días de la firma, persiste la preocupación sobre el impacto que tendrá y evidencia que la administración Trump ha resuelto externalizar el control migratorio a México y a Guatemala, que ceden ante la extorsión del gobierno estadounidense.
Mientras tanto, el debate político continúa en Guatemala con un papel activo por parte del Congreso y de la Corte de Constitucionalidad, que han citado al Ejecutivo para pedir explicaciones por la firma del acuerdo. La suscripción del acuerdo por parte del gobierno de Morales constituye un grave atentado contra la institucionalidad del país, pues semanas antes esta Corte había prohibido al poder Ejecutivo suscribir un acuerdo de este tipo con los EE. UU.
En el plano internacional, las constantes decisiones de EE. UU. para bloquear a solicitantes de asilo han generado preocupación. Días antes de la firma del acuerdo entre EE. UU. y Guatemala, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la situación y política migratoria en la región, incluyendo la inminente firma del acuerdo entre Guatemala y EE. UU. Organismos como la a Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones (RROCM), de la que forma parte Alianza Americas, han expresado su rechazo a este acuerdo. Desde la sociedad civil, seguiremos insistiendo en que las medidas de contención y castigo no serán efectivas, y que mientras se sigan ignorando las causas que originan el desplazamiento forzado, el éxodo centroamericano continuará..
México trata de atender las consecuencias de “Remain in México”
Mientras tanto, en México, a siete meses de implementación de la política “Remain in México” que devuelve a solicitantes de asilo de EE. UU. a territorio mexicano, el gobierno de México parece reaccionar al desafío que implica esa decisión de la administración Trump. Recientemente, autoridades mexicanas anunciaron la apertura de un albergue en Tijuana, Baja California, para atender a las personas que están siendo regresadas a esta ciudad fronteriza. Según el anuncio, el albergue tendrá la capacidad de ofrecer servicios básicos y alimentación a aproximadamente 4 mil personas. En total, hasta el 24 de junio, el gobierno mexicano informó que 15,079 personas habían sido devueltas a Ciudad Juárez, Tijuana y Mexicali bajo esta política. Hasta el momento, estas personas han enfrentado la desprotección y abandono institucional.
Niñas y niños migrantes encerrados a pesar de orden judicial
En México, el encierro de niñas y niños migrantes persiste, a pesar de una orden judicial que ordenó al Instituto Nacional de Migración (INM) un plan para que niñas y niños detenidos en la estación migratoria Las Agujas, en Ciudad de México, permanecieran en un régimen libertad. La orden judicial se logró gracias al litigio estratégico de organizaciones de sociedad civil. La protección de los derechos humanos de los niños y niñas en la migración, incluido su derecho a la unidad familiar, debe mantenerse en la agenda de incidencia en derechos humanos, migración y derechos de los niños en México.
Alarmante situación de acoso a albergues y defensores
En México, la política de contención de la migración ha venido acompañada de una estrategia de intimidación y acoso a los espacios de ayuda humanitaria. Desde que se empezó a ejecutar el plan, la Guardia Nacional ha intentado ingresar en varias ocasiones a distintos albergues de Tabasco, Coahuila, Tijuana, Sonora y Chiapas con el argumento de hacer revisiones migratorias. Estos operativos contravienen el artículo 76 de la Ley de Migración, que impide que cualquier autoridad pueda realizar visitas de verificación en espacios de sociedad civil donde se albergan personas migrantes. Estos hechos se ven enmarcados en una estrategia derivada de los acuerdos con Estados Unidos, que ha tenido como acciones inmediatas la estigmatización de la migración y la criminalización de la labor humanitaria de defensores de derechos humanos.
