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3 de diciembre de 2019 — Durante la semana recién pasada, marcada por la celebración del Día de Acción de Gracias, las noticias sobre el acontecer migratorio en Estados Unidos se centraron en las acciones de empleadores, en complicidad con las autoridades migratorias, para perseguir y deportar a los trabajadores en situación irregular cuando estos reclaman condiciones de trabajo inseguras, que ponen riesgo su vida y su integridad personal, o cuando se organizan para exigir sus derechos laborales. Las acciones del gobierno desconocen un acuerdo suscrito entre los Departamentos de Seguridad Interior y de Trabajo, aún vigente, que establece que se privilegiará las acciones para dar cumplimiento a las normas laborales sobre las migratorias. Estas acciones reflejan el énfasis en el control migratorio, desconociendo los derechos que tienen todas las personas, independientemente de su estatus migratorio.
Además, destaca la investigación de la Cámara de Representantes sobre la iniciativa para incluir la pregunta de nacionalidad en el Censo 2020, esto a pesar de que este esfuerzo haya sido bloqueado por la Suprema Corte hace ya cinco meses. Esto se debe a la importancia del censo para definir los distritos electorales y a la intención de excluir a los no ciudadanos por parte del Partido Republicano para disminuir el peso relativo de los centros urbanos, mayoritariamente demócratas y donde se concentra buena parte de la población migrante. La investigación de la Cámara denota las motivaciones partidarias detrás del censo y la importancia del litigio pendiente dirigido a suspender la orden ejecutiva a través de la cual la administración Trump continúa insistiendo en recopilar información sobre la nacionalidad de las personas que viven en los EE. UU.
Encuesta revela la precariedad en la que viven las personas refugiadas en México
Mientras tanto, en México la Encuesta Nacional de la Población Refugiada (ENPORE, 2017), elaborada de manera conjunta por instituciones estatales y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que fue publicada la semana pasada, ofrece datos que indican la precariedad en la que vive esta población en México: el 74.3 % de las personas refugiadas dependen de empleos informales, el 51 % no tiene una fuente de ingresos estable, y el 67 % de la población en edad escolar no asiste a la escuela por falta de documentos. La encuesta también indica que ocho de cada 10 centroamericanos que ingresaron a México y solicitaron protección huyeron de la violencia en sus países.
Hace unos días ACNUR dio a conocer que al menos 4 mil personas solicitantes de la condición de refugiadas en México han sido trasladadas de la frontera sur a otros estados del país para tratar de aliviar la actual crisis humanitaria en la zona. Hay que tener presentes que esta crisis es consecuencia de la externalización de las frontera de EE. UU., debido a la política anti-inmigrante de la administración Trump.
Quienes se unieron a las voces que cuestionan los detonantes esta crisis humanitaria fueron los participantes de la Caravana de Madres de Migrantes Centroamericanos Desaparecidos, quienes iniciaron su recorrido por México la semana pasada, en Chiapas. Las madres exigieron al gobierno de México que deje de ser el muro anti-inmigrante de Trump.
UNICEF expresa su preocupación
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) expresó su preocupación por la situación de la niñez en el contexto de los acuerdos sobre asilo entre EE.UU, México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Entre enero y agosto de 2019, más de 32 mil niños fueron devueltos desde Estados Unidos, sin garantizarles su seguridad y bienestar económico, social y emocional. Este es un pronunciamiento importante, considerando que la mayoría de las agendas de Naciones Unidas, han guardado un preocupante silencio en torno al impacto de las políticas migratorias en la región.
Detrás del descontento en América Latina: factores políticos, económicos y sociales
Mientras se mantienen las manifestaciones del descontento en la región, surgen multiples interpretaciones de los factores que explican las expresiones de descontento político y la violencia con la cual están siendo reprimidas. Detrás de factores políticos, parecieran estar presentes factores económicos: el crecimiento real de la economía en la región ha sido un 0.8 % del PIB. La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) presentó el informe anual Panorama Social 2019 donde anunció el aumento de la pobreza en la región e hizo un llamado a atender las causas estructurales de la migración, y fortalecer la cooperación dirigida a la protección e integración de las personas migrantes. La incertidumbre continúa en torno a las medidas que los gobiernos pondrán en práctica, y el impacto que tendrán. Resulta imposible dejar fuera de este análisis, la discriminación racial en una región, que desconoce sus raíces e identidades indígenas y afrodescendientes, negando el racismo.
