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Personas solicitantes de asilo fuera de la Estación Migratoria Siglo XXI, en Tapachula, -el centro de detención migratoria más grande de México- reciben alimentación de parte de organizaciones de sociedad civil. Foto de mayo de 2019, cortesía del padre Heyman Vásquez, director del albergue “Nadie es Extranjero”.
Chicago, 25 de noviembre de 2019 — La presión del gobierno estadounidense sobre México se siente en Tapachula, Chiapas. Las personas que huyen desde Centroamérica y a través de ella, enfrentan múltiples obstáculos y desafíos, quedando estancados, atrapados viviendo en condiciones infrahumanas, pese a haber solicitado el reconocimiento de la condición de refugiado o insistiendo en su derecho de continuar el tránsito hacia EE.UU. Sobre los desafíos que están enfrentando las personas migrantes y solicitantes de asilo en Tapachula, recomendamos consultar este reportaje de El Faro y El País que no sólo describe las difíciles condiciones de vida para quienes huyen y buscan protección, sino también para quienes viven como trabajadores agrícolas, muchos de ellos trabajadores migrantes, que trabajan sin contrato, sin acceso a la salud, recibiendo un salario de miseria. También, recomendamos un reporte de la Misión de Observación de Derechos Humanos en Tapachula, publicado recientemente, que documenta el calvario de solicitar asilo en México y la serie de violaciones a los derechos humanos perpetradas por funcionarios y efectivos de seguridad del Estado.
Acuerdo con Guatemala que exporta personas que buscan protección debilita el estado de derecho
Pese al fallo de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala que estableció que el acuerdo sobre asilo entre EE.UU. y Guatemala debía ratificarse, la semana recién pasada se puso en ejecución. Para que ello fuera posible, la administración Trump publicó la regla que establece el procedimiento mediante el cual, determinará que la persona no podrá pedir asilo en EE.UU. y será enviada a El Salvador, Honduras o Guatemala. La regla establece que se realizará un procedimiento abreviado para determinar que la persona no corre riesgo en dicho país, y la persona será enviada, independientemente de su voluntad. En dicho país, la persona podrá decidir si quiere pedir asilo, o si prefiere desistir de su pedido de asilo y quiere buscar otras formas de regularizar su permanencia en dicho país, o retornar a su país de origen. De hecho, el viernes noviembre 22, la primera persona que fue sometida a este procedimiento, un hombre hondureño, prefirió optar por aceptar el retorno voluntario a su país de origen, dentro de un programa de la Organización Internacional por las Migraciones. Las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo a la Pastoral de Movilidad Humana de Guatemala, expresaron su rechazo a esta medida.
La implementación del acuerdo por parte del gobierno saliente del presidente Jimmy Morales constituye un acto inconstitucional, porque el acuerdo no había sido ratificado por el Congreso. La rápida puesta en marcha pareciera estar creado un escenario de hecho cumplidos, que tendrá que enfrentar el nuevo gobierno de Alejandro Giammattei, que tomará posesión del cargo el próximo 14 de enero, y que ha expresado reservas en torno al acuerdo. Esta maniobra, con la colaboración de la administración Trump, contribuye una vez más a debilitar el Estado de derecho en Guatemala.
Los acuerdos sobre asilo no requieren que las personas hayan transitado por dicho país para ser enviados a este. No son acuerdos de tercer país seguro, como han sido llamados. La seguridad es irrelevante. Se trata de acuerdos para la exportación de asilo, bajo los cuales EE.UU. enviará a un número indeterminado de personas que soliciten asilo, quienes no podrán iniciar su procedimiento en dicho país, sino que deberán hacerlo en el país al cual fueron enviados contra su voluntad. Si no desean hacerlo, podrán regresar a su país de origen. Estos acuerdos constituyen la medida más reciente de EE.UU. para erosionar el sistema de asilo, y negar protección internacional a quienes la buscan en ese país. Son además, una manifestación más de la política xenófoba, de un país grande, y con recursos que puede dar asilo a todas las personas que llegan a buscarlo, como ha sido su tradición, y como lo establecen sus normas.
Es imposible prever cuántas personas optarán por pedir asilo en el país centroamericano al cual sean enviados, pero la fragilidad y lentitud de los sistemas de asilo en los tres países, las condiciones de seguridad y las oportunidades para integrarse y tener acceso a salud, educación y trabajo serán factores disuasivos importantes. En la práctica, estos acuerdos sobre asilo, serán acuerdos para negar el asilo y deportar de manera expedita a quienes llegan a buscar protección a EE.UU.
