En Estados Unidos se consolidan las barreras para el asilo. En México y Centroamérica avanza el plan de contención

The Bukele administration in El Salvador launched Border Patrol efforts soon after signing a “security agreement” with the US Secretary for Homeland Security, Kevin McAleenan. Screenshot from @elsalvadorcom via Twitter.

September 17, 2019 –A recent ruling by the U.S. Supreme Court clears the way for the Trump Administration to further restrict asylum by applying a new rule, that had previously been blocked by lower courts. The rule requires migrants entering from the US southern border to first pursue asylum in a transit country, and have that application rejected, prior to seeking protection in the U.S. This means that the United States can no longer be a first country of asylum for individuals and families fleeing violence. The Supreme Court’s decision will significantly impact asylum processes in Mexico and Central America as the number of applications soars. The ruling will have severe repercussions considering that neither Mexico nor Central America can offer safe or stable conditions for asylum seekers. As the  U.S. government essentially dumps its asylum responsibilities onto Mexico, the consequences will be dire. Mexico’s asylum system is already overwhelmed and lacks the capacity to process the expected surge in applications: 12,000 of the 37,612 asylum cases currently being processed by COMAR, Mexico’s refugee agency, are currently in suspension or other legal limbo.  COMAR officials have already warned that the federal budget allocated for 2020 will not be sufficient to address the country’s new reality.

Por otra parte, el programa “Migrant Protection Protocols” (MPP), bajo el cual los solicitantes de asilo que ingresan por la frontera sur de Estados Unidos deben esperar en México y sólo se les permite cruzar para las audiencias de asilo, está funcionando y ampliándose a varios puntos de la frontera. La puesta en práctica en Laredo, Texas, se está haciendo en carpas desde las cuales las personas participan de manera remota a través de video en una audiencia de asilo, ante un juez presente en una Corte de Inmigración en San Antonio. La mayoría de las personas solicitantes de asilo están teniendo que continuar el proceso sin abogado que las represente, y deben regresar a Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, a esperar a la próxima audiencia de su caso.

Avanza el plan contención tropicalizado

A estas políticas de la administración Trump se suman a otras iniciativas que avanzan en México y Centroamérica. En El Salvador, el gobierno de Nayib Bukele hizo el lanzamiento oficial de la Patrulla Fronteriza que anunció hace unas semanas. Las “border patrol” tropicalizadas tendrán presencia en puertos, aeropuertos y puntos de cruce irregular de fronteras para verificar que las personas salvadoreñas tengan documentos para salir del país y que las personas extranjeras hayan ingresado de manera autorizada al país, de lo contrario serán expulsados. Con este lanzamiento el gobierno salvadoreño hace eco al plan de contención de la administración Trump. Esta decisión es lamentable, ya que -como se ha comprobado- este plan sólo ha llevado a tragedias humanas y el fomento de la lógica corrupta y criminal.

Por su parte, México continúa evaluando de forma positiva los resultados de su plan de control migratorio. La semana pasada, el canciller Marcelo Ebrard viajó a Washington D.C. para presentar a la administración Trump los resultados que se comprometió a implementar para evitar la imposición de aranceles a los productos mexicanos. En el encuentro, Ebrard insistió en que México no se convertirá en “tercer país seguro”. A pesar de los esfuerzos de presentar el encuentro como una discusión bilateral, es evidente que, con el revés de su política migratoria, México se ha convertido en un elemento esencial de la política de control migratorio de Trump. Es lamentable, porque mientras México expresa su preocupación por los derechos de sus nacionales en EE. UU. viola los derechos de las personas centroamericanas, caribeñas y de otros continentes que intentan transitar por territorio mexicano.

Ante los impactos de los acuerdos entre México y Estados Unidos, Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para los derechos Humanos ha reprobado el revés de la política migratoria en México, considerando que pone en un alto riesgo y vulnerabilidad a las personas migrantes y refugiadas. El gobierno mexicano ha minimizado las declaraciones de Bachelet argumentando que el país no estaba preparado para la recepción de miles de personas, especialmente niñas, niños y adolescentes y otros grupos vulnerables.

Acoso a la atención humanitaria en México

El plan de contención también está afectando a las casas de ayuda humanitaria. En lo que va de año se han registrado varios incidentes de seguridad contra albergues en distintos estados. Uno de los episodios más recientes es el allanamiento a las las oficinas del Albergue la Sagrada Familia, en Tlaxcala, el pasado 11 de septiembre. Las instalaciones fueron quemadas y sus bienes robados, denunció la institución. Ante estos hechos, distintas organizaciones emitieron un comunicado en el que exigen a los gobiernos federal y estatal el esclarecimiento de los hechos, el cese de los actos violentos, y garantías de protección a la población migrante y sus defensores. Desde Alianza Americas condenamos estos hechos y nos sumamos a las exigencias.

Plan de la CEPAL promete la diferencia

Mientras tanto, la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) presentó a los gobiernos de Guatemala y El Salvador el Plan de Desarrollo Integral de Centroamérica y México. El plan incluye esfuerzos de 16 agencias, fondos y programas de Naciones Unidas para crear las condiciones bajo las cuales la migración no sea la única alternativa, a través de crear sociedades más justas, igualitarias y sostenibles. El Plan dista de las políticas migratorias en curso y se enfoca en las condiciones que expulsan a las personas de sus países de origen.  El plan señala los efectos dañinos de la desigualdad social, lo cual es un paso positivo.  Ahora, que el plan sea implementado dependerá de la recepción y compromiso de Guatemala, Honduras, El Salvador y México, así como del apoyo de Naciones Unidas.