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17 de julio de 2019 — Estados Unidos incrementó sus ataques al derecho de asilo. El lunes 15 de julio, la administración Trump anunció una nueva regla para eliminar casi en su totalidad las solicitudes de asilo en la frontera sur del país.
Esta nueva regla, que entró en vigor ayer, exige que las personas solicitantes de asilo que hayan transitado por otro país en ruta a los Estados Unidos, hayan solicitado asilo en otro lugar y les haya sido negado. La administración Trump le está dando un golpe letal al derecho de las personas a solicitar asilo donde se sientan seguras, un derecho humano reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por tratados internacionales.
En esencia, esta nueva regla tiene los efectos de “Tercer País Seguro”, sin la necesidad de firmar acuerdos con México o Guatemala, los cuales la administración Trump venía negociando desde hace semanas, según reportes de medios de comunicación.
Mientras tanto, la semana pasada México reiteró que cumplirá el acuerdo migratorio con Estados Unidos para frenar el flujo de personas extranjeras que buscan el norte, suscrito para evitar la amenaza de aranceles por parte de la administración Trump. Incluso, el canciller mexicano Marcelo Ebrard -delegado por el gobierno de López Obrador para dirigir la política migratoria del país- aseguró que las acciones de México han sido avaladas por el G-20.
El Salvador alista plan para empleos temporales en EE. UU.
El gobierno de El Salvador también está haciendo lo suyo para intentar frenar el flujo migratorio. Este 15 de julio, el gobierno anunció que está gestionando un convenio con el gobierno de EE. UU. para que salvadoreños puedan viajar a ese país con permisos de trabajo temporales, con una duración “de cuatro o cinco meses”. Luego de ese periodo, las personas deberán volver al país y “esperar una nueva oportunidad”, dice un comunicado difundido por la Presidencia. La propuesta hace eco a una tendencia mundial, y de la administración Trump, en favor de sistemas que extraen los beneficios laborales de trabajadores extranjeros, que a su vez niegan avenidas de legalizacion permanente en condiciones de inmigrantes a dichos trabajadores. También, es una forma muy reducida de abordar el problema migratorio en la región, ya que pretende reducir las razones de la expulsión a la falta de empleo, sin tomar en cuenta la amplia gama de otros factores. Para reducir la migración es necesario un cambio de políticas públicas que lleven a que menos personas tengan la necesidad de salir del país para alcanzar una vida digna y segura. El éxodo no se detendrá con empleos temporales en EE. UU., mientras las causas diversas que la generan sigan siendo ignoradas, especialmente la desigualdad y la violencia.
Corte de Constitucionalidad de Guatemala: Gobierno no puede suscribir acuerdo “Tercer País Seguro”
La Corte de Constitucionalidad de Guatemala, el máximo tribunal de justicia en el país, otorgó un amparo que impide que el gobierno de Jimmy Morales pueda suscribir un acuerdo de «Tercer País Seguro” con EE. UU. La Corte respondió a un recurso presentado por dos ex-ministros de Relaciones Exteriores de Guatemala y el Procurador de los Derechos Humanos contra el presidente Morales y dos de sus funcionarios, ante los anuncios del viaje presidencial a Estados Unidos para suscribir dicho acuerdo. La Corte determinó que el acuerdo violaría los derechos constitucionales y la obligación del Estado de proteger a la persona, que el país asumiría obligaciones sin contar con la disponibilidad presupuestaria para atender a los refugiados, y que atenta contra la Constitución. La Corte también señala que el acuerdo no es el resultado o deviene de otros tratados internacionales ratificados por Guatemala, sino que conllevan nuevas obligaciones internacionales que requieren de la participación del Poder Legislativo, que debe aprobar los tratados o convenios internacionales, y que además el acuerdo amenaza los derechos fundamentales de las personas extranjeras que podrían solicitar asilo. Por lo tanto, la Corte ordenó que se cumpla con la Constitución, respetando el procedimiento para la adopción de dicho acuerdo.
La decisión de la Corte de Constitucionalidad es muy importante porque establece límites al poder presidencial en materia de asilo y refugio, puntalizando que un acuerdo de esta naturaleza no hace parte de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados.
Plan de contención alimenta redes de tráfico
Mientras tanto, las medidas de contención a los flujos migratorios está forzando a las personas a acudir a redes de tráfico, poniéndolos en mayor vulnerabilidad. El 9 de julio, cerca de 230 personas originarias de Guatemala, Honduras y El Salvador fueron encontrados hacinadas en un camión en Chiapas, al sur de México. El tráfico ilícito de migrantes ha sido una de las principales justificaciones del gobierno mexicano para implementar el plan de contención de la migración. El canciller mexicano declaró que se tendrá cero tolerancia con los traficantes de migrantes y bajo ese argumento, México está implementado una serie de acciones contra “los polleros”.
Los grandes ausentes en el discurso y acciones son las personas migrantes y solicitantes de asilo quienes viven una doble victimización. Por un lado, son víctimas de los altos costos humanos y financieros que les imponen los traficantes, y, por el otro lado, de la falta del reconocimiento de su condición de víctimas del delito por parte del gobierno mexicano, que sólo se ha limitado a ofrecer atención humanitaria y retorno asistido a sus países de origen. Es urgente que el gobierno de México reconozca que sus acciones fuerzan cada vez más a las personas migrantes a utilizar redes de tráfico.
