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6 de noviembre de 2019 — Los factores que expulsan a las personas de sus países de origen y que las obligan a buscar protección en otro lugar, ya sea desplazándose internamente o huyendo a solicitar asilo continúan estando presentes. En Guatemala, por ejemplo, se observa una muy ligera disminución de la tasa de homicidios, pero aumentaron las denuncias por extorsión. Sin embargo, la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito clasifica a Guatemala como el décimo país más violento del mundo. Aunque la tasa de violencia de Guatemala es la más baja del norte de Centroamérica, se equipara con la de México y Colombia.
Mientras Centroamérica y México ceden y se convierten en instrumentos de la política migratoria estadounidense, los refugiados, los migrantes y los “polleros” o “coyotes” (traficantes de personas) se van adaptando a las nuevas condiciones en la ruta. El resultado de la política migratoria ha sido hacer cada vez más difícil el trayecto, al aumentar la extorsión como estrategia para obviar los controles migratorios. Como informó El Faro en un reporte especial esta semana, los centroamericanos ingresan a México con temor, algunos logran continuar su trayecto hasta la frontera con Estados Unidos, pero muchos más son expulsados a sus países de origen, desde dónde seguramente iniciarán el viaje. No hay condiciones, no hay posibilidades de quedarse. Sólo queda huir de la violencia, de la pobreza, de la ausencia de un futuro digno.
La semana pasada empezó con un anuncio atípico: la postergación del periodo de validez automática de los permisos de trabajo emitidos bajo el programa denominado Estatus Temporal de Protección (TPS en inglés) para los salvadoreños. Cuando menos, dichos permisos se mantendrán válidos hasta el 4 de enero del 2021. Esta medida fue presentada por el gobierno del Presidente Bukele como parte de varios arreglos alcanzados entre ambos gobiernos que cuando menos incluyen también colaboración en temas de control fronterizo, y el compartimiento de datos biométricos captados por el gobierno de El Salvador. El Presidente de El Salvador informó también de un periodo de 365 dias de proteccion adicional para salvadoreños, vigentes a partir de la expiración de protecciones brindadas por la corte de apelaciones del 9no circuito, como parte de la demanda Ramos vs. Nielsen. Este anuncio se hizo semanas después de que se anunciara un acuerdo de colaboración sobre asilo, ampliamente criticado por defensores de los derechos de las personas migrantes, entre estos dos gobiernos. Desde la perspectiva de la población beneficiaria de TPS, quienes viven en constante zozobra sobre el futuro de su situación migratoria, estas noticias les dan un respiro de tranquilidad. Sin embargo, es crucial mantener la atención en la necesidad de una solución legislativa que le permita a los beneficiarios de TPS, como también de DED y DACA poder solicitar residencia permanente en los EE.UU. Días después, el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos (DHS por sus siglas en inglés) anunció que la medida obedecía a obligaciones derivadas de la demanda Ramos vs. Nielsen, y que por tanto eran también aplicables a los casos de Honduras, Nicaragua, Sudán, Nepal y Haití. El anuncio confirmó también el periodo de 365 adicional de protección para salvadoreños, aduciendo al hecho que este grupo de personas son la población más grande de recipientes de TPS, según DHS.
México sin soluciones dignas
Carpas improvisadas cerca de río Bravo es el nuevo escenario en Matamoros, Tamaulipas, en el norte del territorio mexicano, donde más de 2 mil personas migrantes de Honduras, El Salvador, Nicaragua y México acampan a la espera sobre sus solicitudes de asilo. Las condiciones de espera son precarias: con falta de agua, pocos baños, falta de alimento. La situación refleja la poca voluntad por parte del gobierno federal de asumir sus compromisos de atención y protección de derechos de las personas en búsqueda de protección. La subsistencia de estas personas dependen prácticamente de los grupos religiosos y organizaciones de sociedad civil. En contraste, la Secretaría de Gobernación se ha comprometido a atender la situación de las personas africanas varadas en el sur del país, con ofrecimientos de visas humanitarias y permisos de trabajo, ante las múltiples denuncias por las condiciones de precariedad, violencia y falta de acciones en cuanto a la protección y acceso a derechos.
Récord de detenciones
Las políticas y acuerdos anti-inmigrantes impulsados por la administración Trump en la región han elevado el número de detenciones. En Estados Unidos, el comisionado interino de Aduanas y Protección Fronteriza, Mark Morgan, anunció la semana pasada que los arrestos de familias y menores no acompañados en la frontera sur alcanzaron niveles récord durante el año fiscal 2018-2019: 473,682 miembros de familias fueron detenidos el año fiscal pasado, frente a los 107,212 del año fiscal 2018-2017. En los números destacan 76,020 menores no acompañados, una cifra que superó la crisis de 2014.
En México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador -que está por cumplir un año- detuvo a 40,500 menores no acompañados durante el año fiscal 2018-2019. Esta cifra alarmante se suma a las inhumanas e ilegales condiciones de detención en la que México mantiene a la niñez migrante, producto de la presión presión de los EE. UU.
