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Estación Migratoria Siglo XXI en Tapachula, Chiapas. Foto cortesía Padre Heyman Vázquez, director del albergue “Nadie es Extranjero”.
13 de mayo de 2019 — Mientras que el debate público se centra en los esfuerzos para erosionar el sistema de asilo en Estados Unidos, la discusión sobre las causas del éxodo desaparece. No obstante, las cifras y las investigaciones periodísticas y académicas dan cuenta de un cúmulo de factores relacionados con violaciones a los derechos humanos, que expulsan diariamente a miles de personas de Honduras, Guatemala y El Salvador. Hasta tanto las causas no estén siendo debidamente atendidas, con medidas de corto, mediano y largo plazo; el éxodo continuará.
Durante la semana recién pasada se dieron a conocer varias investigaciones realizadas en Honduras en torno a la migración de menores de edad. Los estudios confirman que el 20 % de los estudiantes que cursa educación media (de 6° a 8° grado) hace planes para migrar, mientras que el 63 % de los estudiantes que logra terminar la secundaria está considerando migrar a EE. UU. y España. La importancia de trabajar en crear oportunidades y condiciones de seguridad para que los niños y jóvenes puedan quedarse en Honduras es evidente.
Por otro lado, un proyecto de investigación de El Faro y Vice titulado “Diversoamérica” da cuenta de las violaciones a los derechos de las personas LGBTQ en Centroamérica. No se trata sólo de legislación que les impide a las personas trans cambiar su nombre y sexo en el registro de nacimiento, o de otras formas de discriminación de la sociedad en el empleo y en la vida diaria, sino también de persecución. La investigación también se refirió a los riesgos a los que se exponen las mujeres lesbianas en Guatemala, y reportó que del 2009 al 2017 fueron asesinadas 280 personas LGBTQ en Honduras.
Las deportaciones siguen
En El Salvador se reporta un incremento de las deportaciones, de acuerdo con la Dirección General de Migración y Extranjería. En el 2019 han sido deportados 6,000 salvadoreños desde los EE. UU, mil más que el año pasado; y 4,100 de México, 650 más que el año pasado. Estas cifras representan un aumento del 20 % en las deportaciones en relación a 2018. La atención a la población deportada, distinguiendo entre las necesidades de protección y asistencia para la reintegración de quienes abandonaron en el país en el último año o lo hicieron hace varios años o décadas, debe ser una prioridad del gobierno de Nayib Bukele, quien tomará posesión del cargo el próximo 1 de junio, en una ceremonia de posesión para la cual se ha presupuestado 1 millón de dólares.
Refugiados, el rostro del éxodo
El éxodo ha mostrado los distintos rostros de la migración: familias enteras, infancia no acompañada, jóvenes, comunidad LGBTQ, y adultos mayores quienes huyen de las condiciones de inseguridad y precariedad en sus países y buscan empezar la vida en otro país donde les reconozcan su necesidad de protección. Según datos de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (COMAR), en 2018 México recibió 29,647 solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiados, lo que significó un incremento del 103 % respecto a 2017, cuando recibió 14,603 solicitudes. Este aumento ha dejado un rezago importante en la resolución de los casos y ha dejado en la incertidumbre jurídica y de acceso a derechos a miles de personas.
La tendencia de México como un país del destino sigue en 2019. De enero a abril se recibieron 18,365 solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado, que se suman a las 16,035 solicitudes rezagadas de 2018. En este momento en México 34,400 personas esperan ser reconocidas como refugiadas en el país.
Estas cifras, por un lado, muestran la incapacidad institucional de la COMAR en materia de recursos humanos, financieros, y técnicos para dar respuesta al número de solicitudes. Por otro lado, las cifras y condiciones en las que se encuentra la institución reflejan la debilidad del sistema mexicano en materia de asilo. El fortalecimiento de esta institución no puede postergarse más.
Frente a este contexto, México se enfrenta ante la realidad de reconocerse como país de destino y bajo esta lógica dar una respuesta integral para la inclusión y protección de las personas refugiadas. Este es un llamado urgente por parte de organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil al gobierno federal para dejar de impulsar medidas de contención y desarrollar capacidad institucional para el reconocimiento, protección e inclusión de las personas refugiadas.
Se necesita más que tarjetas por razones humanitarias y de visitante regional
México sigue manteniendo un discurso de apertura a la migración, pero sus acciones refutan ese discurso. Según datos del Instituto Nacional de Migración (INM), 14,970 personas fueron expulsadas del país sólo en abril. Esta práctica se ha intensificado en la medida que el gobierno busca implementar la “migración ordenada”, a través de programas como la expedición de las tarjeta por razones humanitaria y de visitante regional. ¿Qué pasó con las personas que, por circunstancias de seguridad, económicas, o de salud, no pudieron realizar el trámite de obtención de la tarjeta?
Precisamente, las personas que se encontraron en esas situaciones fueron, y siguen siendo, objeto de deportación, proceso que presenta un vacío en la información sobre cuáles son los protocolos de cómo se decide si alguien puede regularizarse o si es deportado. Un ejemplo de esto fue la detención, a finales de abril, de un grupo aproximado de 400 personas que habían decidido continuar su camino hacia EE. UU., sin esperar dicho trámite.
Ahora, la entrega de tarjeta por razones humanitarias está suspendida, y el gobierno apuesta a la expedición de tarjetas de visitante regional, la cual, según el anuncio oficial realizado el 23 de abril, sólo permitirá la movilidad en cinco estados del sureste del país, estados con alto índice de desempleo, y niveles de pobreza. Una protección humanitaria no es lo mismo que una visa de trabajo. Se requiere un monitoreo para asegurar que las personas que necesitan una protección humanitaria la reciban. Sería otra tragedia si las personas que huyen de la persecución en Centroamérica terminen siendo la fuente de mano de obra barata y maltratada para megaproyectos en México. Hay que señalar que el salario mínimo de México es uno de los más bajos en América Latina.
Finalmente, con esta medida parece que también se busca evitar que migrantes y solicitantes de asilo sigan llegando a la frontera norte del país. Mientras que en EE. UU., la administración Trump hasta el momento sigue regresando a solicitantes de asilo a México. A la fecha, más de 4 mil personas han sido regresadas para que esperen en territorio mexicano sus procesos de asilo en EE. UU.
