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13 de febrero de 2020 — El 9 de febrero de este año, El Salvador fue testigo de un hecho sin precedentes desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1992: un despliegue armado dentro de la Asamblea Legislativa, comandado por el presidente de la república, Nayib Bukele. El despliegue de efectivos de la Fuerza Armada y de la Policía antidisturbios dentro del Palacio Legislativo fue acompañado por una concentración de unas cinco mil personas que acudieron al llamado de “insurrección popular” hecha por el presidente Bukele días antes. Esta fue la manera en la que el presidente buscó forzar la aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares para el financiamiento de su estrategia de seguridad denominada “Plan Control Territorial”.
Ante esas acciones, organismos internacionales como Human Rights Watch, Amnistía Internacional han mostrado preocupación por lo sucedido, además de organizaciones de sociedad civil locales que se han pronunciado en defensa de la democracia y armonía social. Alianza Americas se ha sumado al llamado por el respeto a la institucionalidad democrática del país, instando a la administración Bukele, a los demás órganos del Estado, a sociedad civil y a sectores interesados a buscar soluciones a partir del diálogo y rechazando medidas que puedan hacer retroceder al país.
El empeoramiento de esta crisis política sólo podría incrementar el número de personas que sale de El Salvador en búsqueda de seguridad en el Norte, pero que se vieran atrapadas ante el bloqueo al asilo regional impulsado por la administración Trump. La situación del país es grave: un reciente informe de Human Rights Watch señala los riesgos que enfrentan las personas que son deportadas al país. Según la investigación, 138 personas deportadas han sido asesinadas y más de 70 han sufrido alguna lesión, violación u otro tipo de agresión desde 2013. Vale recordar que El Salvador fue el país con más solicitantes de asilo en los EE. UU. en 2018, según la agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
Sin embargo, a pesar de los grandes desafíos que enfrenta El Salvador, Estados Unidos considera al país un aliado clave en su estrategia detener los flujos migratorios en la región. Recientemente, la canciller Alexandra Hill dijo que su país no está listo para recibir solicitantes de asilo de EE. UU., a cinco meses después de haber suscrito un acuerdo en esa materia con la administración Trump.
En el vecino país de Guatemala, una de las acciones recientes que se ha implementado en tema de migración ha sido la firma de un convenio con la Organización de las Naciones Unidas con el cual pretenden establecer mecanismos con estándares internacionales y revisar las capacidades reales del país para atender el tema.
Ante la urgencia de protección en derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un comunicado de prensa dirigido a los gobiernos de México, Guatemala, Honduras y El Salvador para garantizar la seguridad de los derechos de las personas migrantes en la región.
497 personas migrantes muertas en la frontera EE. UU. – México en 2019
Para las personas migrantes, 2019 se marcó como un año de violencia y muerte. En la zona de la frontera México – Estados Unidos al menos un migrante murió diariamente llegando a 497 muertes, según datos del informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). El proyecto de migrantes desaparecidos destaca que el 2019 ha sido uno de los peores años que se ha registrado en muertes, mismas que se dan en un contexto de endurecimiento de fronteras entre estos dos países. Es grave que los países normalicen las muertes como un costo que debe asumirse por migrar irregularmente y no se implementen medidas que aseguren que las personas no sigan muriendo en las fronteras.
Estados Unidos, como país destino de muchos mexicanos y centroamericanos que huyen de condiciones de violencia e inseguridad, es también un lugar sin garantías de protección ante hechos de violencia. El pasado 6 de febrero, una agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) es investigado por la muerte de un hombre de origen mexicano en Brooklyn, el caso ocurrió en un contexto de diferencias entre el Gobierno del presidente Donald Trump y la ciudad de Nueva York por sus políticas de santuario.
