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A continuación, presentamos un resumen de los eventos que marcaron el acontecer político en el corredor migratorio Estados Unidos – México – Centroamérica durante el año que finaliza.
Migrant Protection Protocols o Quédate en México
El 25 de enero de 2019, México anunció su decisión de colaborar con la política estadounidense conocida como Migrant Protection Protocols (MPP) o Quédate en México. Aunque México la presentó como una medida unilateral tomada por, EE.UU., ambos países pusieron en marcha una política conjunta que ha sido central en el desmoronamiento del derecho de asilo en EE.UU. México se comprometió a readmitir a las personas extranjeras que habían cruzado su territorio y habían ingresado a EE.UU. para pedir asilo. Luego de pasar la entrevista inicial de temor fundado, las personas son devueltas contra su voluntad a México donde deben esperar hasta la fecha de la siguiente audiencia de su proceso de asilo, cuando se les permite reingresar a EE.UU. En México no reciben atención humanitaria por parte del gobierno, corren el riesgo de ser aprendidos o expulsados del país si salen del área fronteriza, enfrentan difíciles condiciones de seguridad y no tienen acceso a representación jurídica para sus casos de asilo.
Esta política se empezó a implementar en Tijuana y luego, en abril, se amplió a Mexicali. Para mayo, más de 4.000 personas habían sido devueltas a México bajo los MPP. El acuerdo entre México y EE.UU., alcanzado en junio, amplió los MPP a más puntos fronterizos, a pesar de las condiciones de inseguridad en México. En junio, se encontraban bajo MPP más de 15.000 personas en Ciudad Juárez. En agosto, se denunció que las autoridades mexicanas comenzaron a ofrecer a las personas sujetas a MPP transporte para trasladarse al sur del país. Organizaciones de sociedad civil denunciaron esta acción como una medida para que las personas terminen desistiendo de su proceso de asilo en EE.UU. y retornen a sus países de origen: una devolución expresamente prohibida por la Convención sobre Asilo de 1951.
- UU. toma medidas para erosionar el asilo y a castigar a los solicitantes de asilo
En abril de 2019, el Fiscal General de EE.UU., William Barr, dictó una decisión (en el caso Matter of M-S) que estableció que las personas que ingresan al país de manera irregular y pasan al procedimiento de remoción completo no podrán solicitar la libertad bajo fianza y quedarán privadas de libertad durante todo el proceso de asilo. Esta regla hace parte de las medidas que adoptó el Departamento de Justicia durante el 2019 para erosionar el asilo. Otra medida central es la política de metering, que coacciona a las personas a esperar en México, limitando el número de solicitantes de asilo a quienes se les permite ingresar a EE.UU. diariamente, que se comenzó a aplicar a partir de 2016 de manera excepcional y que es ahora una regla en todos los puntos de ingreso en la frontera sur.
El 10 de julio el gobierno estadounidense emitió una regla interpretativa que limita el derecho de asilo para las personas que hayan transitado por un tercer país. Estas personas debieron haber solicitado asilo en ese país, y les debe haber sido negado, para que su pedido de asilo pueda ser considerado en EE.UU. La regla fue temporalmente suspendida por una corte federal, pero las autoridades avanzan en su implementación desde septiembre, aunque el litigio continúa pendiente.
El año termina con el anuncio de un nuevo programa Humanitarian Asylum Review Process (HARP) mediante el cual las solicitudes de asilo de serán tramitadas en pocos días, con el objetivo de acelerar la deportación. Este proceso abreviado se intentará con las solicitudes de personas provenientes de México, que se calcula que en la actualidad son 52% de las personas que están esperando ingresar a EE. UU. bajo la política de metering.
Nuevos gobiernos en El Salvador y en Guatemala
Alianza Americas organizó una delegación de observación electoral para las elecciones presidenciales del 3 de febrero, en las que resultó ganador Nayib Bukele. Este hecho marcó un hito político en el país con la derrota de los partidos políticos que lideraron el Ejecutivo durante los últimos 30 años. En Guatemala, el 11 de agosto, Alejandro Giammattei ganó -en segunda vuelta- la elección presidencial, y asumirá la presidencia el próximo 14 de enero.
Expectativas sobre la “nueva” política migratoria de México
En México, a comienzos del año y hasta mediados de marzo, existían expectativas positivas en torno al giro a la política migratoria que estaba imponiendo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que permitía el ingreso y expedía tarjetas humanitarias (que autorizaban la presencia y movilidad dentro del país, trabajar, y permitían acceder a servicios de salud) a las personas en tránsito. Aunque existían desafíos en la capacidad de las autoridades migratorias para responder a un flujo creciente de personas, México parecía estar modificando su política migratoria, aunque se temía la presión y la reacción en EE.UU.
Luego de que el equipo de Alianza Americas sostuviera encuentros con albergues y organizaciones que ofrecen atención humanitaria y orientación jurídica a las personas solicitantes de asilo y migrantes en México, reportamos retrocesos en la política migratoria: mayores controles en el contexto de la emisión de las tarjetas humanitarias resultando en la expulsión de quienes tenían antecedentes penales; el ofrecimiento de transporte como parte de la estrategia para dispersar a grupos grandes que se movilizaban como caravanas; la represión de quienes intentaban permanecer en un lugar; y la criminalización de quienes ofrecían asistencia y transporte a las personas que hacen parte de los éxodos masivos.
A mediados de marzo, además, ya era visible el impacto de la política de metering en la frontera de Piedras Negras, por ejemplo. También eran evidentes las necesidades de asistencia en los albergues en el centro del país.
Se aviva una crisis humanitaria y de seguridad
La presencia de niños y de personas no solo de Guatemala, Honduras y El Salvador, sino también de Cuba, Haití y Nicaragua reflejaba en abril que el éxodo era complejo, y que México no estaba preparado para atender las necesidades humanitarias. Las denuncias de corrupción llevaron a las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) a cerrar temporalmente sus oficinas en Chiapas, interrumpiendo la emisión de las tarjetas humanitarias. También, emergieron las primeras denuncias de migrantes secuestrados o desaparecidos en Tamaulipas.
Para ayudar a la comprensión las causas del éxodo, Alianza Americas organizó un seminario virtual para discutir las razones por las cuales se está yendo la gente jóven en Honduras y un conversatorio para analizar los factores que expulsan a las mujeres de Honduras. Nuestro objetivo ha sido insistir en la necesidad de entender las causas del éxodo y atenderlas, en lugar de contener, aprehender y expulsar a quienes buscan seguridad y una vida digna. En ese mismo sentido, Alianza Americas invitó a María Silva Rentería, conocida como hermana Magda, directora del Albergue CAFEMIN y de la red de albergues REDODEM en México, a una gira por el centro de Estados Unidos, para describir la situación y los desafíos que enfrentan los albergues que atienden a la población migrante en México. En el segundo semestre de 2019, llevamos una delegación a Centroamérica que elaboró un informe apuntando a las causas del éxodo, reiterando que estamos en presencia de migración forzada.
México revierte su política migratoria
En abril se empezaron a vislumbrar los cambios en la política migratoria en México: sanciones a quienes transporten a personas extranjeras en situación irregular, una creciente xenofobia y retórica de las autoridades locales que presentaban a los éxodos masivos como una amenaza. A la par, avanzaba la reglamentación de la recientemente creada Guardia Nacional (una fuerza híbrida entre ejército y policía) y surgían dudas en torno a si tendría un rol en el control migratorio. El discurso de la seguridad nacional: la aprehensión, detención y expulsión empezaron a emerger como ejes centrales de este viraje de 180 grados.
Estas tendencias de concretaron en mayo. Cuando se empezó a reconocer que un número creciente de personas que hacían parte del éxodo migrante o que llegaban de manera individual estaban optando por buscar ser reconocidos como refugiados en México. La Comisión de Ayuda a Refugiados (COMAR) ha tenido que enfrentar un aumento significativo en el número de solicitudes, con personal y oficinas muy limitados. La Guardia Nacional empezó a participar en la seguridad de los centros de detención. En mayo también, el Comité contra la Tortura emitió sus recomendaciones a México en el contexto de la revisión periódica e hizo referencia a la privación de libertad por razones migratorias y para los solicitantes de asilo. En agosto, los hostigamientos y la persecución contra las organizaciones que ofrecen asistencia a las personas migrantes y solicitantes de asilo se visibilizó y continuó hasta terminar el año.
Niñez migrante desprotegida
Uno de los grandes retos ha sido la protección de la niñez migrante no acompañada, dada la ausencia de un marco legal y reglamentario que privilegie la condición de niñez por sobre la situación migratoria irregular. México deporta antes que proteger a la niñez migrante no acompañada.
En mayo, se empezaron a hacer públicos los casos de niños y niñas que fallecieron cuando se encontraban detenidos por las autoridades migratorias tanto en México como en EE.UU., visibilizando la precaria atención a la salud que se les ofrece a las personas privadas de libertad por razones migratorias. Alianza Americas organizó un seminario virtual para discutir esta situación.
- UU. externaliza la política migratoria mediante acuerdos con Guatemala, Honduras y El Salvador
Marzo terminó con la suscripción del primer acuerdo de cooperación entre EE.UU. y los tres países del norte de Centroamérica en los que se comprometían a frenar los éxodos masivos. Alianza Americas expresó su preocupación por la limitación a la libertad de movimiento y al derecho a pedir asilo, y por la decisión de crear una causa común contra los migrantes en lugar de ofrecer atención humanitaria.
En junio, el secretario interino de Seguridad Nacional de EE. UU., Kevin MacAleenan, suscribió un acuerdo de cooperación entre EE.UU. y Guatemala mediante el cual funcionarios estadounidenses entrenarán a funcionarios guatemaltecos y operarán en dicho país para intentar frenar el éxodo.
Julio terminó con la suscripción del acuerdo de cooperación en materia de asilo entre EE.UU. y Guatemala. El acuerdo establece que EE.UU. podrá enviar a solicitantes de asilo que ingresen a dicho país a Guatemala, donde sus solicitudes de asilo serán procesadas. Las personas podrán optar por desistir de su petición de asilo y buscar otras opciones migratorias o regresar a su país. La presión de EE.UU. se centró luego en El Salvador y Honduras para que suscribieran acuerdos similares, y en que Guatemala avance en la implementación del suyo antes de que termine la administración de Jimmy Morales. En agosto, El Salvador y EE.UU. suscribieron una carta de intención entre para avanzar en la cooperación para frenar la migración irregular. Finalmente, el 26 de agosto, Honduras y EE.UU. suscribieron el acuerdo en materia de asilo, y El Salvador y EE.UU. hicieron lo propio el 20 de septiembre. En noviembre y diciembre, los primeros solicitantes de asilo en EE.UU. fueron devueltos contra su voluntad a Guatemala, bajo el acuerdo sobre asilo.
La amenaza arancelaria de Trump a México
En vista de que el éxodo no se detenía a pesar de las restricciones en EE.UU., la administración Trump demandó mayor cooperación de México, bajo la amenaza de incrementar los aranceles a las importaciones mexicanas. En junio, México cedió ante la presión y accedió a las demandas de EE. UU. y puso en marcha las medidas acordadas: la participación activa de la Guardia Nacional en la aprehensión, detención y expulsión de migrantes, y ampliación del programa MPP a más puntos de la frontera. México dejará de ser un país de tránsito anunció el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien quedó a cargo de la gestión migratoria, la cual se encontraba a cargo de la Secretaría de Gobernación.
A finales de junio, la muerte de Oscar Martínez y su hija Valeria cruzando hacia EE.UU. ilustraron la dimensión de la crisis migratoria. Los riesgos a los cuales están dispuestos a someterse las personas y el sufrimiento emergieron como características centrales del éxodo en el corredor Centroamérica – México – EE. UU., ante la indolencia de los Estados. México, Guatemala, Honduras y el Salvador accedieron a las demandas de EE.UU. paulatinamente. Otro aspecto de la crisis migratoria que se evidenció en agosto, fue la renuencia de las personas de origen africano en salir de México hacia Guatemala, luego de México no pudo expulsarlas a sus países de origen. Personas africanas y haitianas montaron un campamento en Chiapas demandando que se les permitiera continuar su trayecto hacia EE. UU. Las autoridades mexicanas las reconocieron como apátridas. El año termina con la complacencia del gobierno estadounidense con el papel que está cumpliendo México.
El Plan de Desarrollo de El Salvador, Guatemala, Honduras y México
En mayo, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) presentó el plan de desarrollo para la región, que apunta a generar las condiciones para que la migración no constituya la única alternativa. La expectativa del gobierno mexicano era que EE. UU. contribuyera a dicho plan. A pesar del viraje en la política migratoria en México, en junio el gobierno de López Obrador adelantó las primeras acciones para poner en marcha el plan de desarrollo en El Salvador.
El año en cifras
- Más de 21 mil cubanos se presentaron en la frontera sur de EE.UU..
- El 1 de mayo había más de 800 mil solicitudes de asilo pendientes en EE.UU. y 2.428 niños y niñas no acompañados habían presentado solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado (asilo en México), lo que representa un incremento del 570% en relación al 2017. Para septiembre, habían más de 1 millón de solicitudes de asilo pendientes en EE.UU..
- El año termina con 412 tiroteos masivos en EE. UU. Es importante destacar el ataque en El Paso contra personas de origen latinoamericano.
- En el año fiscal 2018-2019 en EE. UU., 473.682 miembros de familias fueron detenidos, en comparacion con 107.212 en el año anterior. Además 76.020 niños no acompañados también fueron detenidos. Mientras tanto en México, han sido aprehendidos más de 40.000 niños no acompañados. A un año del inicio de los flujos masivos, el éxodo continúa a pesar de la retórica y las medidas, porque las causas continúan desatendidas y las políticas implementadas constituyen violaciones a los derechos humanos.
