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13 de mayo de 2020 — El mundo no sólo enfrenta una emergencia de salud pública, sino también una crisis económica. Las medidas de aislamiento para limitar el contagio de COVID-19 conllevan la parálisis de la economía, lo que generó una crisis de cuál se teme no podamos reponernos fácilmente. El debate se centra ahora en el costo económico de las medidas sanitarias, las condiciones para reiniciar labores, y la protección de los trabajadores. En otras palabras, la discusión gira en torno al costo económico que está dispuesta a pagar una sociedad para prevenir contagios. Ausente en el debate público está la discusión sobre las consecuencias del modelo económico imperante y la profundización de la inequidad bajo un sistema en el que las redes de seguridad y protección social son cada vez más precarias. La situación actual ofrece una oportunidad que no debiéramos desaprovechar.
El impacto económico de la pandemia es profundo y la capacidad de reponernos de la crisis económica es fundamental. En los Estados Unidos, el desempleo está teniendo un impacto desproporcionado en la población latina y afroamericana. Los trabajadores de bajos ingresos son vulnerables a contagiarse en el trabajo y perder su empleo, y por ende su seguro médico. En México, también aumenta el desempleo. Ante este panorama, cada país responde con programas de asistencia económica, según sus capacidades. El desafío radica en lograr que los programas lleguen a la población que los necesita y que atenúen las brechas de inequidad, sorteando las trampas de la corrupción. Estaremos atentos al impacto en Guatemala, en Honduras, donde se acudió al crédito externo a través del Banco Mundial, y en El Salvador, donde cinco organizaciones sociales renunciaron al comité que supervisaría el gasto de la deuda autorizada por la Asamblea Legislativa al Ejecutivo. Observamos también el contraste en México donde el gobierno federal se concentra en la aprobación de una reforma constitucional que incluyó pensiones para adultos mayores, becas para estudiantes y subsidios para las personas con discapacidad; mientras que los estados adoptan medidas dirigidas a la reactivación económica y apoyos para pequeñas empresas, pero a la vez corren el riesgo de dejar a las familias desprotegidas.
Sin embargo, el impacto económico no debiera llevarnos a desatender las consecuencias de la pandemia en la vida y en la salud de la población. Al observar el número de personas fallecidas, empezamos a entender que el impacto del COVID-19 es mayor que las personas contagiadas. Personas que sufren de enfermedades o complicaciones de salud están optando por no buscar atención médica o esta les es negada porque todos los recursos se volcaron sobre la pandemia. Las omisiones y vacíos en la atención a la salud se observan en las interrupciones en los esquemas de vacunación infantil, y en las dudas del Fondo de Población de Naciones Unidas en torno a que podremos alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible a su cargo. Un ejemplo claro de la ausencia de atención a las necesidades de salud se observa en las mujeres desplazadas forzadas, en personas con enfermedades crónicas y en la niñez en Guatemala.
No es sorprendente que la pandemia continúe afectando de manera desproporcionada a la población afrodescendiente y latina en EE.UU y a las personas migrantes y solicitantes de asilo. Insistimos en la necesidad de poner en libertad a todas las personas detenidas por razones migratorias y en suspender las deportaciones al constatar el contagio en los centros de detención y entre personas deportadas incluyendo niñas y niños. A la vez, reiteramos la necesidad de reconocer la formación técnica y profesional de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, como lo está haciendo Ciudad Juárez. Hay buenas prácticas que se están tomando en la emergencia que debieran mantenerse.
La salud mental de la población no está recibiendo la atención que requiere. El informe de la Fundación de la Familia Kaiser describe en detalle los diferentes impactos en diversos grupos poblacionales. El confinamiento tiene un impacto directo en México donde el 15% de la población presenta trastornos de ansiedad. En El Salvador, las medidas represivas contra quienes salen de sus hogares también tienen consecuencias en la salud mental de la población.
Atender la pandemia exige respuestas a las múltiples necesidades de la población. La economía no se puede reactivar a expensas de la salud y la vida de las personas. La prioridad debe ser ofrecer atención médica a toda la población y asistencia económica a quienes no están recibiendo un ingreso y están sufriendo hambre. La salud mental es un componente importante de la salud que demanda una respuesta pública integral. Estos elementos son bases fundamentales para que las personas y las comunidades puedan recuperarse y enfrentar otros desafíos como el cambio climático. Esos son los pilares necesarios para enfrentar la incertidumbre y para gestar solidaridad en las comunidades.
