12 de octubre de 2020 — Milena Mayorga, la recién nombrada embajadora de El Salvador en los Estados Unidos reveló la que parece ser la estrategia del gobierno: el retorno de los “compatriotas” beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a un país con condiciones económicas y sociales óptimas. Estas sorpresivas declaraciones están muy distantes de la realidad, y además son irresponsables. Las cifras económicas indican que El Salvador, como la mayoría de las economías nacionales, está entrando en una crisis económica como resultado de la pandemia de Covid-19. Como se abordó en nuestro reciente foro virtual, el cierre económico como medida para contener la pandemia agravó la crisis económica, como tambien la desigualdad que ya vivían las personas en El Salvador, Guatemala y Honduras antes de la pandemia. Ahora los tres países se enfrentan a la peor crisis económica de su historia, según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi). Además, estas declaraciones perjudican la lucha de los salvadoreños por una residencia permanente en Estados Unidos, donde formaron sus familias, viven y trabajan hace por lo menos 20 años.
Para el 2020, en El Salvador se proyectaba un crecimiento económico de 2.5%; sin embargo, las proyecciones se han corregido, ya no se habla de crecimiento, sino de contracción económica. Se habla de que la economía salvadoreña caerá -7.5. Esto representa un retroceso económico de más de 30 años, y nos remonta al inicio de la guerra civil (1980-1992). Las cifras del Banco Central de Reserva (BCR) también generan alarma. Esta situación, también tiene un impacto en la deuda pública, la cual se estima que al cierre del 2020 alcance el 92.1% del Producto Interno Bruto (PIB), y que seguirá creciendo, como lo refleja el proyecto de presupuesto presentado por el Ministerio de Hacienda. Irónicamente, ese presupuesto fue descrito como el inicio del “milagro” salvadoreño, en sintonía con las declaraciones de la embajadora. Al retroceso económico también se suma la preocupación por ataques contra el Estado de derecho por parte del mismo gobierno.
Un panorama similar se observa en Honduras, donde se esperaba un crecimiento económico de 3.5, pero ahora se proyecta una caída de -7.5. Además, se espera que la pobreza incremente 4.2 puntos al cierre de 2020 con respecto a 2019, lo cual es dramático. La situación económica ha quedado en evidencia recientemente, con un nuevo éxodo de personas “en caravana” hacia los Estados Unidos. El viaje de muchas personas ya ha terminado, evidenciando la externalización de la política anti-inmigrante de los EE. UU., en este caso con la complicidad del gobierno de Guatemala.
En Estados Unidos, la situación económica también se ha visto afectada por la pandemia. Existían expectativas de que la reactivación económica sería más rápida, pero los indicadores económicos están mostrando que eso no será así. De los 22 millones de empleos que se perdieron al inicio de la pandemia, sólo 11.4 millones de personas han encontrado un empleo desde mayo de este año. La tasa de desempleo a finales de septiembre era del 7.9%, lo cual es positivo en relación a abril cuando estaba en 15%. Sin embargo, el ritmo al cual está creciendo el empleo está disminuyendo. La desigualdad además se acrecienta por razones de raza o etnia, dentro de las personas desempleadas, el 23% son Latinas y el 21% son Negras.
A la par, se observan disparidades de género significativas en el mercado laboral. Las mujeres han tenido que asumir tareas de cuidado en el contexto de la pandemia y el desempleo en el sector de servicios, ha tenido un mayor impacto sobre ellas. Muchas mujeres dejaron de buscar empleo, porque deben atender tareas de cuidado. La tasa de participación laboral femenina bajó de 56.6% a 56.1%, volviendo a las cifras de 1987.
Este es un duro golpe para las personas trabajadoras en EE. UU., que siguen esperando un nuevo paquete de estímulo económico, como los aprobados anteriormente. La angustia frente a una recuperación económica lenta invade la sociedad norteamericana. La reducción de los ingresos, que se había logrado amortiguar con el monto adicional en el subsidio de desempleo (US$600 semanales) desapareció, y el impacto en el consumo y en la economía en general se está sintiendo.
La contracción económica, que estamos viviendo a nivel mundial, tiene un impacto desproporcionado en los trabajadores, el cual se acrecienta para las personas Latinas y Negras, y para las mujeres. El prospecto de la terminación del TPS y de DACA, hace aún más difícil la situación para más de un millón de personas migrantes. La situación económica de El Salvador y Honduras deja claro que si antes de la pandemia no habían condiciones para el retorno de los más de 250 mil beneficiarios de TPS de El Salvador y Honduras, ahora menos que existen. Se requiere de una visión y plan económico, incluyendo reformas tributarias progresivas, que permitan la reactivación económica, que disminuyan la pobreza y la inequidad, incluyendo una perspectiva ambiental. Cada sociedad debe enfrentar este desafío entendiendo que es fundamental crear oportunidades para todas las personas, que nadie debe quedar atrás, y que el trabajo y las contribuciones de las personas migrantes son parte de la solución.