Estados Unidos pone en mayor riesgo a solicitantes de asilo y migrantes durante la pandemia

Campamento de solicitantes de asilo de los Estados Unidos en Matamoros, Tamaulipas, México. 14 de enero de 2020. Foto de Vic Hinterlang/Shutterstock.

28 de mayo de 2020 — El éxodo de personas en búsqueda de asilo y refugio, antes de la pandemia por COVID-19 se debía a un conjunto de factores que incluyen violencia, inestabilidad política, pobreza, falta de empleos dignos, degradación ambiental como consecuencia del cambio climático, entre otros. Estos factores continúan y sólo se exacerban ante la agudización de la crisis económica. La migración no se ha detenido, sólo se ha hecho más difícil, más riesgosa y más inhumana por la pandemia. 

 

Desde marzo, cientos de miles de personas migrantes y solicitantes de asilo quedaron en el limbo en el corredor Centroamérica – México – Estados Unidos debido al cierre de fronteras, y enfrentan la potencialidad del contagio del virus en total desprotección. Una situación similar se vive en la frontera sur de Centroamérica: en Panamá, un grupo de más de 1,000 personas permanecen hacinadas en espera de que se abra la frontera.

 

Irónicamente, pese al cierre de fronteras y paralización de los procedimientos migratorios, Estados Unidos y México continúan con las deportaciones. A pesar de la pandemia se persiste en deportar, ignorando los riesgos de salud y la parálisis de los organismos estatales, incluso en el caso de niños y niñas.  El efecto negativo de las deportaciones de menores y la separación de familias ha sido expresado por UNICEF y sigue preocupando a expertos en medicina pediátrica.  

 

En la región, Guatemala ha intentado mostrar firmeza frente a EE. UU. y suspender la recepción de vuelos con personas deportadas de manera intermitente y sin éxito. A mediados de marzo el país anunció por primera vez la suspensión de estos vuelos; sin embargo, estos continuaron llegando. El 14 de abril, el gobierno aseguró que el 75 % de las personas que llegaron en un vuelo deportadas de EE. UU. estaban contagiadas con COVID-19. El presidente de la nación Alejandro Giammattei, calificó uno de estos vuelos como “vuelo maldito”, narrativa que  incrementa aún más el estigma contra la población deportada. 

 

En cambio, El Salvador opta por una posición plegada a los EE. UU. Todas las personas que ingresan al país son sometidas a una cuarentena obligatoria, en condiciones inadecuadas que han sido descritas como “detención arbitraria” por expertos en derechos humanos, donde además hay alto riesgo de contagio. Ante la prolongación del encierro en lo que el gobierno denomina centros de contención, las personas deportadas expresaron su inconformidad, y fueron reprimidos por la Policía antidisturbios. Al ser cuestionado por uno de los operativos policiales dentro de un centro de contención con deportados, el ministro de Seguridad alegó que la población deportada es “un tanto complicada”. 

 

En Honduras, datos oficiales revelan que durante marzo y abril en total 5,686 hondureños han sido deportados. Al igual que en El Salvador, las personas deportadas son enviadas a centros de cuarentena donde enfrentan condiciones precarias, por lo que han buscado la manera de evitar su traslado a estos lugares. Sin embargo, también enfrentan el rechazo en sus comunidades de origen por el temor al contagio.

 

Como se dijo anteriormente, México deporta pero también recibe deportados, que prefiere llamar repatriados. Aunque no vuelven a la patria voluntariamente, sino forzados por las autoridades estadounidenses. El Instituto Nacional de Migración informó que EE. UU. deportó 57 mil personas de nacionalidad mexicana en el primer trimestre. Recientemente, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México acordó con el gobierno de EE. UU, que algunas de las deportaciones se harán en vuelos aéreos a la Ciudad de México, en lugar de sólo hasta la frontera entre ambos países. En Tijuana y en Matamoros, los albergues de solicitantes de asilo creados por las políticas antiinmigrantes de EE. UU. como “Remain in Mexico”, no tienen la capacidad de dar seguimiento a las recomendaciones de prevención como el distanciamiento físico y el hacinamiento es demasiado, a tal punto de optar por dejar en condición de calle a cientos de migrantes. Médicos Sin Fronteras está ofreciendo  atención médica en un estadio deportivo. 

 

A pesar del riesgo de contagio, los países del Norte de Centroamérica están obligados a recibir a sus nacionales deportados. El gobierno de Donald Trump ha sido claro en exigir cooperación para recibir población deportada y en la implementación de los acuerdos sobre asilo suscritos el año pasado, como condición para entregar insumos médicos, incluyendo respiradores artificiales. Mientras que Honduras y El Salvador recibieron donaciones, Guatemala fue excluida. 

 

Ante una crisis como la actual, las naciones ricas tienen el deber ético de ser generosas con las naciones pobres. Este es el momento para cesar las deportaciones, para permitir el ingreso de personas que buscan protección internacional. EE. UU. está haciendo lo contrario, mostrándose no sólo insolidario, sino indolente. Estas medidas, sólo aumentan las razones por las que las personas se ven obligadas a migrar. EE. UU. está contribuyendo a la migración que después intentará detener. 

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