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25 de noviembre de 2020 — Nicaragua, Honduras y Guatemala intentan salir a flote luego del paso de los huracanes Eta, que golpeó durante la primera semana de noviembre, e Iota, que llegó dos semanas después. Aunque la evaluación y cuantificación de los daños no está terminada, Naciones Unidas estima que ambos fenómenos climáticos dejaron devastación y miseria para al menos 5.2 millones de personas, incluyendo a los habitantes de otros países de la región también afectados. Estos dos significativos desastres naturales agravan la situación en la que ya se encontraban los tres países, debido a la recesión económica, la emergencia sanitaria debido a la pandemia de covid-19, y la inestabilidad democrática y autoritarismo que lleva varios años afectando a Centroamérica.
Nicaragua es el país más afectado. Tanto Eta como Iota tocaron tierra en la costa nicaragüense como huracanes de categoría 4. Según el gobierno, Iota fue el huracán más fuerte en azotar al país en su historia reciente. Los dos fenómenos devastaron la Región Autónoma Caribe Norte del país, una de las zonas más empobrecidas y vulnerables, donde habita una mayoría indígena de origen Miskito. La situación se agrava debido a la recientemente aprobada Ley de Agentes Extranjeros que limita la asistencia económica internacional, por lo que se han hecho llamados para que se derogue, de manera que esta pueda llegar a las poblaciones que la necesitan desesperadamente.
El norte de Honduras, principalmente San Pedro Sula -la capital económica del país- también fue devastado por Eta. Bastaron pocas horas de lluvia de Iota para que la ciudad se convirtiera en una isla. La devastación dejada parece sacada de una película de ficción, dejando muchas comunidades inhabitables. En medio de la tragedia, la preocupación aumenta debido al riesgo de contagio de covid-19 y de otras enfermedades graves como dengue. Al igual que en Nicaragua, Honduras se encontraba sumida en condiciones de inestabilidad política, desde el golpe de estado de 2009 contra el gobierno de Manuel Zelaya y la reelección fraudulenta de Juan Orlando Hernández en 2017, a las que se suma la situación económica, lo cual se refleja en los flujos de migrantes que huyen en “caravanas” en búsqueda de seguridad.
Guatemala enfrenta la crisis humanitaria dejada por los fenómenos climáticos con una nueva crisis política. Mientras las comunidades afectadas por inundaciones y deslaves tratan de sobrevivir a la tragedia, el gobierno de Alejandro Giammattei -que asumió el poder en enero pasado- enfrenta multitudinarias protestas debido a la aprobación del presupuesto 2021, aprobado a media noche y sin oportunidad de escrutinio ciudadano que según denuncias de la sociedad civil, beneficia a empresarios a expensas de la necesidad de la población, golpeada por la pandemia de covid-19. Al igual que en el resto de países, los más afectados por el paso de Iota y Eta son las poblaciones indígenas y afrodescendientes, históricamente las más oprimidas y excluidas.
El impacto de estos desastres naturales, que todavía se está evaluando, dejará consecuencias a largo plazo en todos los países de Centroamérica. Por ejemplo, El Salvador, que no sufrió impacto directo de las tormentas, sufrirá las consecuencias climáticas en la agricultura y ganadería generando pérdidas significativas. Preocupa que de no haber una respuesta decidida en materia de atención humanitaria y soluciones duraderas, la situación actual resulte en éxodos masivos, de personas y familias que perdieron sus viviendas y sus medios de subsistencia. Debemos permanecer vigilantes, no solo para que la ayuda humanitaria de emergencia llegue a las personas necesitadas, sino también para que los gobiernos respondan adecuadamente a la emergencia y destinen los presupuestos a atender las desigualdades, a mediano y largo plazo. Finalmente, como migrantes latinoamericanos organizados estamos solicitando al gobierno de Estados Unidos que ponga en marcha una política exterior dirigida a apoyar a Centroamérica a partir de dos componentes: primero, atender y proteger a la población más necesitada mediante asistencia económica, y segundo, adoptar nuevas designaciones del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los países afectados, de manera que las personas que se encuentran en EE.UU. puedan trabajar y apoyar a sus familias y comunidades. Centroamérica lo necesita.
