English
Español
21 de mayo de 2020 — Durante los cierres de los países debido a la pandemia por COVID-19, la población migrante ha tenido que subsistir con limitada asistencia humanitaria, y con escasas oportunidades para tener un estatus regular. Sin embargo, mucha de esa población continúa desempeñando labores esenciales, como se ha evidenciado en los Estados Unidos con el inminente riesgo de contagio, y con el temor a la deportación al tratar de acceder a la prueba de detección o a tratamiento médico. Este contexto pone de manifiesto la urgente necesidad de incluir y tratar a las personas migrantes como lo que son, como personas portadoras de derechos, objetivo que puede alcanzarse si se les otorga un estatus migratorio regular.
Organizaciones comunitarias y de la sociedad civil en todo el mundo llevan décadas abogando por políticas necesarias, razonables y humanas para todas las personas extranjeras que viven sin papeles en muchos países. En esta nueva etapa en la que nos encontramos es imperante que los Estados ejecuten acciones como la que anunció Italia: la regularización de cerca de 250.000 inmigrantes que trabajan como jornaleros en el campo o en el servicio doméstico de miles de hogares italianos. Otra medida interesante, aunque más limitada, es la de Portugal, que en abril decidió otorgar residencia temporal a todas las personas con solicitud de residencia permanente en trámite. Se busca con esta medida garantizar el acceso a la salud.
Iniciativas como las antes mencionadas son un ejemplo de políticas pragmáticas que benefician a toda la población, tanto a las personas migrantes, como a sus familias, y a los nacionales de un país. En Estados Unidos, se están llevando a cabo diversas acciones de incidencia para regularizar a las personas migrantes, incluyendo a las personas beneficiarias de DACA y de TPS, así como los cerca de once millones de personas que viven en situación migratoria irregular hijos, padres, madres, y hermanos de ciudadanos estadounidenses. Adicionalmente, el gobierno federal decidió prolongar la vigencia de las visas H2B para los trabajadores temporales que trabajan en la cadena de suministros alimentarios, lo mismo se hizo en abril para los trabajadores agrícolas temporales que tienen las visas H2A. Esta es una medida positiva, que podría ver sus resultados ampliados, con un programa amplio y masivo por medio del cual acceder a visas de inmigrantes para estas personas.
Otra medida útil para abrir oportunidades laborales y migratorias y en torno a la cual también se ha hecho trabajo de incidencia es el reconocimiento de los títulos profesionales emitidos en el exterior. Ante la pandemia, los servicios de salud se han visto en la necesidad de encontrar personal capacitado, y han autorizado procedimientos rápidos o excepciones a los marcos normativos que permitan la contratación de personas migrantes o solicitantes de asilo. Así ocurrió en Perú, con el caso de una médica ginecóloga venezolana que fue contratada por un hospital, y en Matamoros, México, con el caso de un médico cubano que ofrece atención médica en un campamento de refugiados, mientras él también en su condición de solicitante de asilo, espera la audiencia de su caso en EE. UU. Esta debiese ser la práctica regular.
Los migrantes somos miembros de las comunidades que habitamos y nuestra plena inclusión representa oportunidades y beneficios para todos. El reconocimiento formal de la condición de inmigrante de estas personas es una respuesta necesaria para alcanzar los objetivos de salud pública y de bienestar económico y social que persiguen todas las sociedades. Este es un momento para ser vigilantes a las políticas migratorias de los Estados y para insistir en la necesidad de acciones y medidas que incluyan a todas las personas migrantes. Desde Alianza Americas continuaremos insistiendo en que este es el momento para resolver la situación migratoria de todas las personas.
